La fiscal Luciana Jacobo imputó a una tocoginecóloga y a una pediatra neonatóloga por los presuntos delitos de homicidio culposo y falsificación de documento. La pesquisa también busca determinar si existieron irregularidades en los registros médicos vinculados al ingreso y atención de la madre.

La denuncia fue presentada por Ángela Leguizamón y Cristian Paz, una pareja oriunda de Añatuya que atravesaba su primer embarazo. Según manifestaron, durante los controles prenatales no recibieron advertencias sobre posibles complicaciones en la gestación.

De acuerdo con la presentación judicial, el 4 de septiembre, cuando se cumplían las 40 semanas de embarazo, la mujer ingresó a un sanatorio de esta Capital. Allí comenzó a sufrir fuertes dolores y una importante hemorragia. Los denunciantes sostienen que solicitaron una cesárea, aunque aseguran que se decidió continuar con un parto natural.

La investigación se centra ahora en determinar si la atención médica brindada se ajustó a los protocolos correspondientes y si existieron responsabilidades profesionales en el desenlace fatal.

Por otra parte, surgieron diferencias entre la versión de los padres y la documentación incorporada al expediente. Mientras la familia sostiene que la beba nació sin vida, algunos informes médicos hacen referencia a maniobras de reanimación realizadas tras el parto, aunque sin resultados positivos.

Las abogadas querellantes, Carla Sequeira y Paula Leguizamón, adelantaron que solicitarán nuevas medidas de prueba con el objetivo de reconstruir lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades. La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.