“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad”, expresó en sus redes sociales.

Gallo afirmó que su testimonio busca visibilizar una práctica sistemática. “La verdad es que el régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, sostuvo.

La declaración se dio luego de que el pasado 17 de abril se presentara como querellante en la causa que investiga en la Argentina presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. En ese expediente pidió ser reconocido como “víctima directa”.

“Soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí, por mi familia y por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno”, agregó. Según consta en la denuncia, Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en Venezuela y permaneció privado de su libertad hasta el 2 de marzo de 2026, cuando fue liberado y regresó a la Argentina.

Durante ese período, denunció que estuvo incomunicado, sin acceso a asistencia legal ni consular y sin que se informaran los motivos de su detención, en un contexto que el Gobierno argentino calificó como una violación grave a los derechos humanos. “Sobreviví 448 días de secuestro en Venezuela. No voy a quedarme callado”, expresó el gendarme.

La causa contra Maduro en la Argentina

La investigación por crímenes de lesa humanidad en la Justicia argentina fue iniciada en 2023 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), basada en el principio de jurisdicción universal.

En ese expediente, el juez federal Sebastián Ramos ya dispuso medidas de prueba y citó a Gallo para que aporte su testimonio, al considerar que su experiencia puede contribuir a acreditar violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.

La citación se da en el expediente que tramita en los tribunales federales bajo el principio de jurisdicción universal, que habilita a los países a investigar delitos graves contra los derechos humanos aun cuando hayan sido cometidos fuera de su territorio.

La causa, iniciada a partir de denuncias de organizaciones civiles, apunta a determinar la existencia de un plan sistemático de persecución, que incluiría secuestros, torturas y desapariciones forzadas. En ese contexto, el aporte de víctimas y testigos resulta central para avanzar en la reconstrucción de los hechos.

Además, la Justicia argentina emitió órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista. /TN