A doce días de formalizada la denuncia por una presunta estafa millonaria, la investigación en torno a Fürth Automotores avanza con fuerza y suma nuevos elementos que podrían ampliar el número de involucrados. La propia concesionaria encargó un estudio independiente con el objetivo de llegar hasta las últimas consecuencias y determinar responsabilidades en las maniobras que le habrían generado un perjuicio económico de magnitud.

La presentación inicial fue realizada por el gerente general, Gerardo Caro, quien alertó sobre irregularidades internas que derivaron en pérdidas multimillonarias. Desde entonces, la firma puso en marcha una auditoría con la participación de un especialista externo y colabora con la Justicia para esclarecer los hechos.

El fiscal Diego Cortés anticipó que el proceso podría derivar en una ampliación de la denuncia y nuevas imputaciones. En ese marco, la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, rechazó el pedido de eximición de prisión presentado por Matías Llado, jefe de Ventas de la concesionaria.

Los primeros resultados de la auditoría revelan inconsistencias contables significativas: una diferencia entre unas 700 unidades registradas en libros y un stock real mucho menor, pagos sin recibos, transferencias a cuentas personales y operaciones de alto monto no registradas formalmente. También se detectaron vehículos sin patentes, unidades con doble titularidad y una disminución en certificaciones provenientes de fábrica, elementos que refuerzan las sospechas sobre maniobras fraudulentas.

En paralelo, la empresa emitió un comunicado oficial en el que aseguró su solvencia económica y garantizó el cumplimiento de sus obligaciones comerciales, tanto con clientes como con proveedores. “Ninguna operación realizada por nuestros usuarios se verá afectada por el proceso en curso”, subrayó la concesionaria, intentando llevar tranquilidad a quienes mantienen contratos vigentes.

La causa, que ya sacude al sector automotor, promete seguir sumando capítulos en los próximos días. Con la auditoría en marcha y la Justicia avanzando en posibles imputaciones, el desenlace podría marcar un precedente en materia de control interno y responsabilidad empresarial.