Santiago del Estero, Argentina | Sábado 23 de Junio del 2018
 
 

La reforma tributaria beneficio a Lazaro Baez en una de sus causas penales


La nueva ley actualizo los montos en los que la evasion es considerada delito y asi varias acusaciones se cayeron por la aplicacion de la ley penal mas benigna. Los fiscales estan obligados a apelar

 

La reforma tributaria que el Congreso Nacional aprobó a fin de año benefició al empresario detenido Lázaro Báez en una de sus causas penales. Es el expediente en el que estaba cerca de ser enviado a juicio oral por no pagar los aportes previsionales de los empleados de sus empresas. La nueva ley actualizó los montos de evasión que son considerados delitos y varios de los períodos por los que Báez estaba acusado ya no pueden ser perseguidos penalmente. Es porque la Constitución Nacional y el Código Penal establecen que siempre se debe aplicar la norma más benévola para los acusados. Es lo que se conoce como "la ley penal más benigna".

Así, tanto Báez, como sus hijos –dos de ellos quedaron desvinculados definitivamente– y otros acusados fueron sobreseídos parcialmente por el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Sin embargo, el caso no terminará acá. El procurador general interno, Eduardo Casal, dictó hace una semana una resolución por la cual todos los fiscales están obligados a apelar las causas que se cierren por la aplicación de la ley penal más benigna por la reforma tributaria.

El criterio de la ley penal más benigna y la instrucción de Casal a los fiscales generará polémica en el fuero Penal Económico –como ya ocurrió en 2012- porque hay más causas que comenzaron a cerrarse por la nueva ley tributaria.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció en mayo de 2016 que 16 empresas del Grupo Báez no habían pagado los aportes previsionales de sus empleados por varios períodos fiscales de 2010 hasta ese año. Se inició una causa penal y el juez Berón de Astrada determinó que la evasión fue de 33.433.388,47 pesos.

Báez, sus hijos Martín, Leandro y Luciana; el contador Jorge Chueco; el presidente de Austral Construcciones –la empresa insignia del grupo–, Julio Mendoza; y otras 12 personas que eran presidentes, accionistas o representantes legales de las compañías fueron procesadas por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. También se determinó la responsabilidad penal de 14 compañías que recibieron millonarios embargos.

El régimen penal tributario establecía que era delito cuando los aportes no se depositaban dentro de los 10 días hábiles administrativos o cuando el monto evadido era superior a cinco mil pesos por período.

La Cámara en lo Penal Económico confirmó los procesamientos y la causa había comenzado en agosto pasado a dar sus pasos para ir a juicio oral. El fiscal Miguel Schamun y la AFIP habían pedido que el caso pase a esa instancia. Pero la situación cambió a fin de año.

El 29 de diciembre entró en vigencia el nuevo régimen penal tributario que aprobó el Congreso de la Nación a instancias de un proyecto del gobierno de Mauricio Macri. Entre otras modificaciones, la ley 27.430 actualizó y elevó los montos que se consideran evasión de impuestos y los plazos que los contribuyentes tienen para cumplir con esas obligaciones. Las modificaciones se hicieron para adecuar los montos "a la realidad económica imperante", en referencia a la inflación.

En el caso del delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social el monto a partir del cual se considera delito es de 100 mil pesos –ya no cinco mil– y el plazo de 30 días corridos y no de 10 días hábiles. Se mantuvo la pena de dos a seis años de prisión. Además, la ley por la que Báez y el resto de los acusados fueron procesados fue derogada por el Congreso.

Con el nuevo régimen tributario, el juez Berón de Astrada dictó el sobreseimiento parcial de algunos acusados por aplicación de la ley penal más benigna: en derecho penal siempre se aplica la norma más beneficiosa para el acusado aunque haya sido dictada después que cometió el delito.

Así lo establece el artículo dos del Código Penal que fija que "si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna" y "si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley". También la Convención Americana de Derechos Humanos establece que "si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello". La Convención forma parte de la Constitución Nacional.