El hecho fue descubierto a partir de una denuncia realizada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. La delegación detectó en febrero pasado que un anciano de 91 años vivía esclavizado y en condiciones infrahumanas en un campo del sur santafesino desde hace 12 años.

Cuando los efectivos de Gendarmería entraron en la vivienda se encontraron con una heladera oxidada, una mesa desvencijada con poco más que un frasco de azúcar, una botella de aceite por la mitad y una pava abollada.

Desde la puerta el hollín en las paredes no permitía distinguir qué había en la segunda habitación. El piso era de tierra y la construcción de ladrillo, sin muebles, sin baño, apenas una cama, cajones de madera y baldes que cumplían distintas funciones.

Allí y desde aproximadamente el año 2007 J.A.C. traba en tareas de cría ovina y avícola, por las que, según precisaron a Infobae fuentes judiciales, le pagaban 200 pesos al mes.

Además, cuando el peón debía cobrar su jubilación, según relató la propia víctima ante la Justicia, el dueño del campo identificado con las iniciales P.J.R. lo llevaba hasta Venado Tuerto para quedarse con ese dinero.

Lamismas fuentes relataron a Infobae que fue a través de un llamado anónimo que se conoció la historia y que comenzaron a moverse los engranajes que tuvieron como último acto un allanamiento el viernes pasado.

El 18 de febrero el delegado de Uatre en Venado Tuerto, Juan Flagerthy, junto a un equipo del Registro Nacional Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), se hicieron presentes en el lugar con más dudas que certezas para entrevistarse conJ.A.C.

En esa primera charla, el peón reveló que 200 pesos era toda la paga que recibía por sus tareas y expresó: "El sueldo me alcanza para comprarme dos atados de puchos".

Por su parte P.J.R., al ser consultado sobre la situación a la que sometía al hombre de 91 años, argumentó: "Él no cobra sueldo, si ya tiene la jubilación para qué le voy a pagar". Al día siguiente, desde Uatre se presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo local.

A principios de este mes el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, trasladó el oficio al fiscal federal Javier Arzubi Calvo que ordenó a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que realizara durante dos días tareas de inteligencia para constatar la explotación laboral.

El informe presentado ante el fiscal daba cuenta de que J.A.C. vivía en una vivienda deteriorada y en condiciones de precariedad, sin revoque, con rajaduras en los techos y en las paredes. En condiciones infrahumanas.