Bajo un clima de incertidumbre y tensión en aumento, un plenario de tres comisiones del Senado continuará este lunes con el debate de la ley Bases y el paquete fiscal, proyectos sobre los que se avizoran varios cambios y un inevitable regreso de ambos, en segunda revisión, a Diputados. Para la jornada de hoy, que comenzará desde las 15, están anotados 46 expositores que reclamaron en su gran mayoría el kirchnerismo y opositores “dialoguistas” que, durante la semana pasada, lograron romper la defensa del Ejecutivo.

Por caso, el Frente de Todos invitó a disertar a líderes de la CGT y CTA como Héctor Daer y -el diputado kirchnerista- Hugo Yasky, respectivamente, y a María Eugenia Sconfienza, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La bancada, que comanda el formoseño José Mayans, abrió el espectro para estas leyes: también requirió la presencia de constitucionalistas, representantes de entidades empresariales y hasta referentes de Abuelas de Plaza de Mayo.


En tanto, el Pro, liderado por Luis Juez, pidió a un abogado especialista en derecho laboral y a un presidente de una cámara metalúrgica de Córdoba. No así la porteña Guadalupe Tagliaferri, que por su cuenta empujó la convocatoria a especialistas industriales en gas y petróleo, y a un integrante de la Unión Industrial Pyme de Rosario.

Por su parte, la Unión Cívica Radical demandó la presencia de personal de Ciencias Exactas de la UBA, un abogado del área administrativa y expertos de ciencia y tecnología, mientras que los peronistas disidentes de Unidad Federal quieren delegados de monotributistas y de los sectores agrícola y minero, entre otros.

El análisis de la ley Bases y el paquete fiscal tuvo un inicio con varios traspiés en el Senado. En realidad, el tratamiento previo en Diputados y la falta de un trabajo en espejo con la Cámara alta anticipaba, con demasiadas señales, un panorama delicado que se confirmó desde el martes pasado y promete nuevos capítulos para esta semana.

Durante las primeras 72 horas de discusión, el Gobierno dio la orden a algunos de sus senadores a prometer dictámenes de manera exprés. Mismo optimismo destiló el ministro del Interior, Guillermo Francos, que sigue sin entender la lógica de la Cámara alta. Lo cierto es que, salvo un grupo de personas que responden a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ningún libertario averiguó la voluntad real de legisladores clave y las preocupaciones en el artículo por artículo.

A medida que pasaron los días y el relato se resquebrajaba, los funcionarios del Gobierno evadieron algunas respuestas y comprometieron a sus colegas, como le pasó al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Ante una consulta de la porteña Tagliaferri, el experimentado del sector privado tuvo que reconocer que no era “feliz” la redacción de un artículo que dejaría una potencial contradicción en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde ese momento, el blindaje del oficialismo perdió volumen en el plenario de las comisiones de Legislación General; Asuntos Constitucionales; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, y las observaciones sobre picardías más que evidentes relacionadas con el blanqueo terminaron de dejar al oficialismo sin respuesta. De esa manera, el camino para modificar ambos textos quedó abierto y ya no será sólo con Ganancias, otra cuestión de puja.