El alquiler de las oficinas en las que funcionan distintos organismos públicos le insumen una cifra millonaria al erario público. Solo en 2024 se gastaron más de $25.600 millones en ese concepto, en tanto, por mes, el desembolso fue de unos $2.583 millones. Los montos surgen del informe enviado a la Cámara de Diputados esta semana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con respuestas a más de 4.000 preguntas de los legisladores.

Del análisis del Anexo provisto por Francos en la pregunta 184 surge que 52 organismos públicos nacionales requieren de inmuebles alquilados para su pleno funcionamiento. Los contratos de alquiler que firma el Estado con privados tienen una duración de entre 3 y 5 años.

En 2024, el organismo que más dinero gastó en alquileres fue la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): $478 millones. Le siguieron la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con $247 millones; la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), con casi $234 millones; la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), con $198 millones; la Secretaría de Obras Públicas con casi $165 millones; y la Junta de Seguridad del Transporte, con $150 millones, según el análisis realizado por Infobae de la información provista por la Jefatura de Gabinete.

El alquiler de los edificios destinados a oficinas de ministerios, secretarías, institutos y otros organismos públicos para cubrir las necesidades operativas de distintas dependencias del gobierno, está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Este organismo es el responsable de la gestión de estos inmuebles, tanto propios como alquilados.