El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que, esta semana, Manuel Adorni presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023.

Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez, el propietario de una casa en el country Indio Cuá, confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.

El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, en el entorno de Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Javier Milei le brinda, además de ratificar que no le pedirá la renuncia.